El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pedirá protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque considera que hay situación de "extrema gravedad, urgencia y peligro de sufrir daños irreparables a sus derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Aunque dice que el pedido de sus abogados aún está en construcción, Correa publicó en Twitter el documento de 60 páginas donde expone sus pruebas, el mismo día que la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, definió día y hora de la audiencia preparatoria de juicio en el caso de secuestro del activista político Fernanado Balda, ocurrido en 2012 en Colombia.

"Dado que Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional, así como el claro complot político-mediático-judicial en mi contra, es por las razones expuestas en este artículo que iremos a instancias internacionales, y los culpables tendrán que responder por sus abusos", escribió.

El material que presenta está elaborado por el jurista ecuatoriano Oswaldo Ruiz Chiriboga, quien afirma residir en Hungría, y quien a nombre de Rafael Correa Delgado se acerca a la CIDH para solicitar la adopción de medidas de protección a favor del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente constitucional de Ecuador, residente en Bélgica. Allí analiza las medidas cautelares privativas y no privativas de la libertad que expresa se ordenaron en "perjuicio del exmandatario ecuatoriano".

El jurista afirma que "se estudian algunas de las irregularidades procesales que se produjeron en el trámite del mencionado proceso penal. El análisis se realiza a partir de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. El artículo concluye que el expresidente Correa ha visto mermados sus derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación", se expresa en el comunicado.

Durante su presidencia (2007-2017), Correa criticó en varias ocasiones el accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió un sistema latinoamericano de Derechos Humanos. Decía que la CIDH no tenía legitimidad ni competencia para emitir medidas cautelares, y cuando la comisión emitió medidas de protección a sus opositores durante su gobierno, el exmandatario sistemáticamente las ignoró.

Rafael Correa tiene orden de prisión preventiva por supuestamente haber conocido y autorizado el secuestro del activista Fernando Balda, hecho acontecido en Colombia en 2012.

(EU)

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