El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de la secretaría jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, presentó un proyecto de Ley que reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para la identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio de origen ilícito.

Pesántez entregó el documento en manos de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quienes compartieron la mesa con la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y Paúl Granda, secretario de la Política.

La funcionaria comentó que el gobierno espera tener un marco normativo en el menor tiempo posible que cuente con un procedimiento expedito para recuperar aquellos activos que en su momento, “lamentablemente no los quitó la corrupción”.

El proyecto, explicó Pesántez, plantea ciertas reformas especialmente a lo que se refiere a la incautación de bienes, porque al momento, los funcionarios judiciales y dentro del ordenamiento jurídico, la incautación, llega a tener una aplicación receptiva.

Aclaró que el Estado garantiza la propiedad pero siempre que sea una propiedad legalmente obtenida, si tiene un origen ilícito es lo que se está atacando a través de la reforma planteada, para lo cual se propone un procedimiento expedito, rápido, para que dentro de la misma investigación pueda existir ya sea incautación, y en ese momento, el Estado pueda disponer de esos bienes.

Pesántez reveló que al Estado le cuesta muchos recursos mantener la administración de los bienes incautados, pero que se pueden recuperar los dineros obtenidos ilícitamente en el momento que se tenga la extinción de dominio.

Y que además, lo que se busca es no solo recuperar los bienes, sino también repatriar aquellos, inclusive que puedan estar en otros lugares a través de la asistencia penal internacional.

En la reforma se propone que la afectación sobre la extinción del dominio se extienda a los testaferros.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, resaltó la entrega del proyecto y recordó que en días pasados presentó un proyecto sobre la recuperación de capitales producto de actos de corrupción.

Anunció que el proyecto presentado por el Ejecutivo pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y que la propuesta se pondrá a conocimiento de la comisión de Justicia, presidida por Marcela Aguiñaga (RC), con la recomendación de que su trámite sea prioritario.

(EU)

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